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El Trust es una construcción jurídica que por su naturaleza, complejidad y posibilidades de configuración respecto a la designación del beneficiario final, se puede usar como un instrumento de planificación fiscal que, según la modalidad elegida, podría dar lugar a un retraso en la tributación de las rentas que afluyen a dicho Trust. Es una institución de origen anglo y ello implica grandes dificultades para determinar el tratamiento fiscal en países de Derecho Continental como España. Desde 2008 se han planteado un total de ocho consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos. Y aquí se pueden leer para hacernos una idea de casuística (basta poner la palabra TRUST en la casilla “Cuestión-Planteada”).

Básicamente funciona así: el Trust aparece como una obligación jurídica impuesta por alguien (el settlor) por la que un administrador (trustee) asume el deber de administrar una renta o un capital de determinada manera, generalmente en beneficio de otra persona o grupo de personas (los beneficiarios). El settlor establece las condiciones, con una escritura fundacional, y aporta los bienes (derechos, inmuebles, rentas, etc), es decir forma un patrimonio separado; patrimonio que el administrador administrará según las ordenes dadas, y los beneficiarios recibirán los frutos.

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Lo interesante de todo ese movimiento es que el patrimonio carece de personalidad jurídica y, por tanto, no puede ser titular de derechos y obligaciones. Hay además un desdoblamiento, y es que el patrimonio del trust tiene una propiedad formal en manos del administrador que actúa como si los bienes fueran suyos, y una propiedad bonitaria que corresponde al beneficiario. Ese desdoblamiento de la propiedad no es posible en los países de Derecho Continental como España y de ahí su falta de reconocimiento. Esa falta de reconocimiento tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, por un lado inseguridad por otro confusión pero también inaplicación de ciertas leyes.

Existen muy diversas clases de Trust ya que es altamente configurable. Pero desde un punto de vista fiscal y desde España se distingue principalmente entre:

Trust Discrecional, en el que el administrador (trustee) tiene absoluta libertad para disponer de las propiedades del trust a favor de los beneficiarios. Puede decidir a quién, cómo y cuándo se distribuyen los rendimientos, e incluso la transferencia de la propiedad de los bienes. La intensidad de esa discrecionalidad puede variar según sean los deseos del settlor.

Trust de Participación, aquí los beneficiarios tienen derecho a participar en una parte de los rendimientos del trust, no teniendo los trustees (administradores), tanta discrecionalidad como en el anterior tipo. El Trust de Gestión, sería una combinación de los dos anteriores.

También desde un punto de vista fiscal español es importante la distinción entre el Trust Irrevocable, no puede ser modificado, enmendado o revocado, (aunque en algunas jurisdicciones si pueden ser revocados aunque se llamen irrevocables). Y, el Trust Revocable que puede ser modificado y/o revocado.

Aunque en España, generalmente, cuando se piensa en Trust se piensa en fallecimientos, lo cierto es que el Trust puede ser Testamentario, creado por testamento, es decir, que surta efectos con la muerte del causante, cierto es también que puede ser un Trust Intervivos, es decir surte efectos en vida del constituyente.

Con tanta variedad las posibilidades para la planificación fiscal son grandes y también lo son los problemas de las Administraciones Fiscales de países de Derecho Continental, que no tienen reconocido el Trust, como es el caso de España. Imaginemos la de variables que genera por ejemplo un Trust discrecional constituido en el extranjero por un residente en España, donde el patrimonio del Trust serán unos pisos más las rentas producidas al alquilar los mismos y múltiples acciones en empresas extranjeras con sus correspondientes dividendos, imaginemos que el beneficiario va a quedar indeterminado hasta un futuro que se de cierto cumplimiento de una obligación, ya sea la muerte del settlor, el casamiento del beneficiario, cumplimiento de la mayoría de edad, nacimiento de un nieto, etc, etc. Saber cuando, como, y a quien exigir tributos serán preguntas difíciles de resolver para cualquier administración.

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¿Y esto como tributa en España?.

El primer paso a dar sería la constitución que tendrá sus costes de abogados o técnicos, pero la constitución misma no tributa en España. La dotación patrimonial al Trust no se considera donación, pues el Trust no es una persona física. Podría pensarse que tributa por Transmisiones Patrimoniales , pues se transmiten bienes o derechos a una especie de  “fondo social”, pero la misma Dirección General de Tributos insiste una y otra vez en la falta de reconocimiento jurídico del Trust en España, y por tanto esa falta de reconocimiento le impide ser sujeto de derechos y obligaciones, por lo que la constitución de un Trust no estaría sujeta tampoco a la modalidad del Impuesto de Transmisiones ni a la de Actos Jurídicos Documentados.

Si el Trust está localizado en un paraíso fiscal, y el constituyente es residente fiscal en España quedaría obligado a informar a la Agencia Tributaria de dicha circunstancia, así lo exige la D.A. 13ª de la Ley del IRPF. Y aunque no sea un Paraíso Fiscal hay bienes en el extranjero que también deben comunicarse vía Modelo 720, por tanto la comunicación a Hacienda hay que hacerla si el constituyente es residente fiscal en España. Pero una cosa es obligación de comunicar y otra, como hemos visto, la obligación de pagar por esa constitución.

Las rentas obtenidas por el Trust procedentes de la explotación de su masa patrimonial se entiende que han de ser atribuidas a su constituyente, si es que sus beneficiarios no son conocidos. En el caso de que se conozcan esos beneficiarios se distingue si la distribución es “inter vivos”, y entonce deberá tributar por el Impuesto de Donaciones, o si es “mortis causa”, en ese caso  se rige por el Impuesto de Sucesiones. Si el beneficiario fuese una persona jurídica entonces se regiría por el Impuesto de Sociedades.

En conclusión, la ausencia de reconocimiento del Trust en el ordenamiento español provoca la oscuridad fiscal de esta figura, y su dispensa de cualquier obligación tributaria. Desde el punto de vista tributario español el Trust no existe. Existen pues tres posibles sujetos a los que atribuir las rentas: al settlor, al trustee o al beneficiario. El trustee debe ser descartado, al considerarse un mero administrador de los bienes y no está reconocido en nuestro Derecho el desdoblamiento de la propiedad como se explicó más arriba. Por tanto, solo quedarían dos opciones a la hora de tributar por las operaciones realizadas a través del Trust, o tributa el constituyente o sus beneficiarios. Pero, las condiciones en que lo hagan dependerá en gran parte de las condiciones establecidas en el mismo Trust, y podría incluso prorrogarse el pago fiscal sine die. De ahí, de su configurabilidad, nace su interés como objeto de planificación fiscal.

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